Declaración Pública. Inicia y Carrera Docente.

Declaración Pública. Inicia y Carrera Docente.

DECLARACIÓN PÚBLICA

En días recientes, la Ministra de Educación ha enviado al Parlamento un proyecto de ley -al que se le ha dado suma urgencia-  que refiere a una “Indicación sustitutiva” que reemplaza el proyecto de ley que establecía un sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector subvencionado. El anuncio de esta indicación legal durante la semana pasada al Consejo de Decanos del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas se realizaba justo después de entregados los resultados de la Prueba INICIA (realizada solo por un 14% de los egresados de pedagogía convocados a rendirla),  a partir de lo cual se han realizado una serie de juicios sobre la profesión y la formación docente. Es indudable que el tono de alarma con que se divulgan sus resultados, el nuevo proyecto de ley y la suma urgencia que se le ha otorgado, son parte de una misma estrategia destinada a imponer una visión de la pedagogía y de la formación docente que rechazamos de manera categórica y que quisiéramos fundamentar a través de las siguientes consideraciones:

1- Estimamos que la obligatoriedad que se quiere dar a la prueba INICIA otorgándole un carácter habilitante para ejercer la pedagogía, lejos de reparar, oculta el fracaso global de un sistema de educación de mercado y desregulado, que en el caso de la formación inicial docente ha significado una expansión excesiva e inorgánica de programas de baja calidad y no acreditados (o malamente acreditados). Además, implica traspasar la responsabilidad del Estado -y su falta de regulación y compromiso con la formación de profesores y de los centros formadores- a los y las estudiantes y sus familias, lo que nos parece una solución “parche”  e injusta con los y las jóvenes.

 2- Desde un punto de vista técnico, nos parece que, al concentrar su medición en los conocimientos disciplinarios de la especialidad y pedagógicos con un énfasis teórico, sin abordar la evaluación de los procesos pedagógicos –anclados en un “saber hacer”- que apuntan a la calidad del desempeño profesional, la Prueba Inicia está generando un tipo de evaluación que excluye el núcleo fundamental de una concepción integral de la profesión docente, además de reducir a relaciones causales simples y no necesariamente validadas procesos de suma y profunda complejidad en que intervienen múltiples factores que van más allá de la labor pedagógica docente,  instalando un errado y reduccionista concepto de “calidad” de la formación de profesores.

Por otra parte, al igual que lo que sucede con el SIMCE y la PSU, existe un grave riesgo de que las carreras de pedagogía se dediquen fundamentalmente a adiestrar para rendir un buen examen, convirtiéndose éste en el eje fundamental de la formación.

3- Un aspecto que nos merece especial preocupación es que en el proyecto en tramitación,  la habilitación vía el Examen Inicial de conocimientos y habilidades docentes no plantea como requisito tener el título de profesor, sino que se abre la posibilidad de que profesionales sin una formación específica puedan dar dicha prueba y habilitarse para ejercer la docencia. Ello es un  serio atentado a la pedagogía como disciplina y como profesión, e implica un grave desconocimiento de los saberes propios que requiere el trabajo pedagógico.

Detrás de la propuesta de abrir la pedagogía a todas las profesiones subyace una idea simplista de que la pedagogía es solo un asunto de manejo de conocimientos disciplinarios y adquisición de técnicas y de que cualquier persona por tener buenos puntajes en la PSU puede ser un buen profesor. Esto va en la línea del artículo 46 de la Ley General de Educación, que promueve el ingreso de profesionales al campo de la educación prescindiendo de estudios pedagógicos.

 4- Este nuevo proyecto sustitutivo está muy lejos de lo que el magisterio ha demandado desde años, que es una carrera profesional para fortalecer la profesión docente, particularmente para los profesores de aula. Sólo se refiere a requisitos de ingreso al trabajo docente y de entrega de incentivos económicos vinculados a exámenes estandarizados, potenciando una visión individualista y competitiva, y no cooperativa ni solidaria, de la profesión docente.

La propuesta tiene incentivos monetarios que pueden aparecer atractivos a simple vista para los que ingresan al sistema, pero estos son de carácter transitorio, pues solo es por los primeros cuatro años de ejercicio profesional. Para los antiguos se aumenta la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) pero no de manera permanente. En definitiva en materia de “incentivos” las indicaciones presentadas están repletas de “letra chica”. Más grave aún es que estos incentivos discriminan a un enorme cantidad de profesores, pues favorecen justamente a aquel docente cuyas familias tienen mayores recursos, ya que está claramente documentado e investigado que los puntajes en la prueba PSU están directamente relacionados con el nivel socioeconómico de donde provienen los estudiantes.

Tras estas indicaciones subyace una visión del profesor fundada en la sospecha.  Se reemplaza la noción de sujeto docente creativo y transformador por la de un sujeto sometido al control. Se le premia o castiga de acuerdo a sus resultados, los que deben estar cíclicamente ratificando a través de evaluaciones periódicas, en vez de generarle mejores condiciones para su desarrollo formativo (proceso que no termina una vez egresado de los centros de formación inicial docente). Se destruye la comunidad educativa, con una política de incentivos a los  estudiantes que obtienen altos puntajes PSU e Inicia, considerados “los mejores”. Se parametriza la escuela: cada nuevo docente que ingresa, lo hace con un tramo de sueldo asociado a sus resultados, mientras que un docente que lleva 30 años de trayectoria puede llegar a ganar la mitad de lo que ganaría un estudiante que recién ingresa.

Por último, nos parece grave que estas propuestas gubernamentales se construyan sin la opinión y participación de las organizaciones docentes ni de las escuelas de formación de docentes. Está suficientemente demostrado que los cambios y reformas educativas exitosas solo lograrán realizarse teniendo a los profesores como sujetos activos en la construcción del conocimiento y   en las definiciones sobre las políticas y procesos educativos, particularmente si éstos se refieren al desarrollo y fortalecimiento de la profesión docente.

 

Leonora Reyes, Adrián Baeza, Ernesto Águila, Patricia Soto, Jacqueline Gysling, Bernardo González, Johanna Camacho, miembros Consejo Departamento de Estudios Pedagógicos,

Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile

 

Jesús Redondo, Jenny Assael – Académicos Departamento Psicología, U. de Chile – Investigadores Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)

 

Pablo López, Marcelo Pérez, Manuel Silva, Fabiola Maldonado, Mónica Llaña, Christian Miranda – Académicos Departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile

Juan
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